El derecho de acceso a la información
es herramienta fundamental para el control ciudadano del funcionamiento del
Estado y la gestión pública, en especial para el combate a la corrupción y una
real cultura de rendición de cuentas.
También incentiva la participación ciudadana
en asuntos públicos a través, entre otros, del ejercicio informado de los
derechos políticos y, en general, para la exigibilidad de otros derechos humanos,
que permitan el desarrollo integral de toda persona.
Es relevante tomar en consideración
que el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 elaborado año tras año por
Transparencia Internacional, presenta que México obtuvo una puntuación de 35
sobre 100 y se ubicó en la posición 103 junto con Bolivia, Moldavia y Níger.
Nuestra entidad, de acuerdo con los
resultados del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, en el 2010, se
ubicó como el segundo estado con mayor índice de corrupción (16.4), únicamente
por debajo del Distrito Federal (17.9). Además, en 2014 nos ubicamos como el
penúltimo Estado más opaco con 39.2 de calificación en un rango de 100, de
acuerdo al Índice Nacional de los Órganos Garantes elaborado por Articulo 19 y
México Infórmate.
Por otro lado, el Índice Global de
Competitividad 2014-2015, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), evalúa
el panorama de competitividad de 144 economías a partir de su productividad y
la prosperidad generada.
En este estudio, México se encuentra
dentro de los diez países menos competitivos, presentando una serie de
problemáticas que reclaman la atención de todos los órdenes de gobierno y que
se pueden sintetizar como lo señala Instituto Mexicano para la Competitividad,
A. C. (IMCO) en fortalecer el estado de derecho y el combate a la corrupción.
El IMCO ha sostenido que de acuerdo
al Índice de Información Presupuestal Estatal 2014, el Estado de México fue
calificado en la posición número 13 a nivel nacional, obteniendo una penosa
calificación de 65 puntos sobre 100, situación lamentable ya que salir de la
opacidad es una condición indispensable para mejorar el manejo y la
distribución del dinero público; en el Estado de México tenemos retos exigenes
para alcanzar los estándares óptimos.
Además, el Estado de México ocupa el
vigésimo segundo lugar del ranking general del Índice del Derecho de Acceso a
la Información (IDAIM), elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
A. C. Este índice mide la calidad de las leyes de transparencia y acceso a la información
en México, encontrándose por debajo de la media nacional.
Lo anterior queda plenamente reflejado
con la métrica de “Índices de Transparencia en las Entidades Federativas 2015”
elaborada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales INAI, en la que el Estado de México ha
descendido de la posición 7 en 2010 a la posición13 en 2014, lo que significa
una baja de 6 posiciones en el ranking nacional.
No obstante de lo referido, se
advierte voluntad política por parte de todos los partidos políticos, ya que sólo
a través del acceso a la información que genera el Estado es posible que los
ciudadanos puedan saber si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones
públicas así como los beneficios sociales de los programas y actividades
desarrolladas.
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